Preocupación en sector privado por política en materia de puertos

El sector empresarial relacionado con la actividad portuaria en México encuentra incertidumbre en la política pública implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que ve señales encontradas en declaraciones que van desde la revisión de la concesión de las Administraciones Portuarias Integrales (API), hasta la designación de personal sin experiencia tanto a nivel central como al frente de las mismas API.

“Estamos encontrando mensajes encontrados, valga la redundancia. Por un lado, para la salida del secretario Jiménez Espriú hay un despido del Coordinador General de Puertos; llega una persona nueva que no tiene experiencia y tras ello se viene una oleada de cambios en las API federales y prácticamente en todas hay nombramientos militares, con mucha experiencia en el plano militar pero que no tienen experiencia en el plano comercial”, declaró Fernando Ramos, presidente del Consejo Marítimo Portuario de México (Comport).

En entrevista con TVC Meganoticias expresó su preocupación ante la militarización de la administración portuaria, al considerar que va en contra de la conceptualización de las API, que se crearon para comercializar, entre otras cuestiones, todos los servicios de los puertos.

“Realmente no sabemos ahorita dónde estamos parados, cuál va a ser la política, porque, por otro lado, el mensaje que dio el presidente de la república en Manzanillo, pues pareciera que todos los puertos enfrentan un gran problema de contrabando, tráfico de drogas, cuando desde nuestro punto de vista, los temas si bien existen, están focalizados, no representan un problema serio porque México, y los puertos son testigos, depende de su comercio exterior”, abundó.

En ese sentido, Fernando Ramos enfatizó que el volumen de carga que representa el tráfico lícito de mercancías “es por mucho muy superior a lo que pudiera representar el problema de ilegalidad, fraude contrabando o drogas. Entonces, nos preocupa que para combatir un problema de ilegalidad se perjudique todo el tráfico legal de las mercancías”.

Por otra parte, el presidente del Comport calificó de “ruido innecesario” el hecho de poner a revisión la concesión de API Veracruz al ser una empresa propiedad del gobierno y la cual se realizó para dar certeza jurídica a las inversiones privadas que se realizaron en la construcción de las 5 nuevas terminales que componen el nuevo puerto de Veracruz, mismas que deben contar con seguridad jurídica en la duración de sus contratos para que en el periodo estipulado recuperen su inversión y obtengan ingresos.

“El mensaje preocupó porque pareciera que ser concesionario (privado) hoy en este país es un delito, pareciera que el mensaje del gobierno es ir tras esos concesionarios y ahí es donde empezamos a encontrarnos con ese tipo de mensajes y contradicciones que para la inversión privada extranjera y nacional no es una buena noticia”, enfatizó.

Aunado a esto, Fernando Ramos comentó que, si bien actualmente México cuenta con puertos competitivos en carga y descarga de mercancías, comparables con cualquier puerto del mundo, sí se requiere que los inversionistas privados participen en los Consejos de Administración de las API, con la finalidad de coadyuvar en la política pública y los Planes Maestros de Desarrollo Portuario.

“Nuestro mensaje sería que se hiciera un verdadero análisis de la realidad portuaria, a dónde queremos que vayan los puertos, reconocer que la economía mexicana depende del comercio exterior es fundamental y, si ese reconocimiento lo hace el gobierno, pediríamos que las políticas públicas que se diseñen sean acordes a este reconocimiento; que logremos tener puertos que, por un lado la Secretaría de Marina proteja, y por otro sean administrados por profesionales en materia portuaria y no por militares”, finalizó Ramos Casas.

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